La emergencia sanitaria actual está afectando a la ciudadanía en muchos ámbitos, siendo uno de ellos la economía de millones de familias que, ante la aplicación del Estado de Alarma, han visto como sus ingresos han disminuido al no poder ejercer sus empleos con normalidad.  Por ello, hemos de preguntarnos: ¿qué va a suceder con las familias más vulnerables? ¿deben continuar abonando la pensión por alimentos los progenitores divorciados que han venido a peor fortuna? Estas son las preguntas que trataremos de responder en este artículo.

1.- ¿Qué ocurre si no pago la pensión por alimentos establecida en Sentencia? 

     El progenitor perjudicado por el impago de la pensión puede iniciar la vía civil o la vía penal:

A/En la vía Civil, el progenitor acreedor puede presentar en el Juzgado de Familia donde se ha dictado la Sentencia una demanda ejecutiva.-

     Es decir, el progenitor acreedor que no percibe dicha pensión puede pedir la ejecución de la Sentencia de Divorcio, de Separación o de Guarda y Custodia, en el Juzgado que dictó la misma.

     En general, la consecuencia de dicha demanda ejecutiva es que se produce una orden de embargo del progenitor que incumple la Sentencia, de las cantidades existentes en Bancos, nóminas, bienes … etc., hasta cubrir la deuda más las posibles costas e intereses.

     A la vez que se produce la orden de embargo, se da traslado a la parte incumplidora por diez días para que pueda OPONERSE A LA EJECUCIÓN. Pero las causas de oposición son reducidas y entre ellas no está el “haber venido a peor fortuna”, como está pasando a muchas familias en el estado actual de alarma.

     Por ello, el hecho de que estemos en Estado de Alarma y que, como consecuencia de ello, el obligado al pago “haya venido a peor fortuna”, no supone una causa de oposición en la legislación actual. Por lo tanto, salvo que haya un cambio de normativa por razón de la presente situación de extrema gravedad que estamos viviendo, el estar en muy mala situación económica, no es causa de oposición y los embargos continuarán. 

     En consecuencia, es recomendable que, ante tal situación, el obligado al pago, presente una demanda de modificación de medidas, pidiendo al Juzgado de Familia que dictó su Sentencia, que modifique la misma, reduciendo la pensión por haber cambiado sustancialmente sus circunstancias, siempre y cuando se cumplan los requisitos que explicaremos más adelante. 

     B/ En la vía Penal el acreedor de la pensión puede presentar una denuncia en la Comisaría o en el Juzgado de Instrucción. En este caso entra en vigor el artículo 227 del Código Penal.

“Artículo 227 

  1. El que dejare de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro meses no consecutivos cualquier tipo de prestación económica en favor de su cónyuge o sus hijos, establecida en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial en los supuestos de separación legal, divorcio, declaración de nulidad del matrimonio, proceso de filiación, o proceso de alimentos a favor de sus hijos, será castigado con la pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a 24 meses. 
  1. Con la misma pena será castigado el que dejare de pagar cualquier otra prestación económica establecida de forma conjunta o única en los supuestos previstos en el apartado anterior. 
  1. La reparación del daño procedente del delito comportará siempre el pago de las cuantías adeudadas”.

     El citado artículo sanciona a quién deje de pagar durante dos meses consecutivos o cuatro no consecutivos, cualquier tipo de prestación económica que esté reconocida mediante convenio aprobado o por resolución judicial, tanto a su ex cónyuge, como a sus hijos, en cualquier proceso de separación, divorcio, nulidad del matrimonio, filiación o proceso de alimentos.

2.-¿Es delito no pagar la pensión?

     El impago de alimentos puede ser delito, si se consigue demostrar que ha sido de forma voluntaria y no por necesidad. Depende del caso concreto, y de las pruebas que se practiquen en el juicio, siendo las más importantes las que pueda presentar la acusación referidas a la solvencia del investigado.

     De esta forma, son pruebas acusadoras importantes las consistentes en presentación de nóminas, cantidades económicas en los bancos, propiedades,…etc. En definitiva, todas aquellas que demuestren que, el obligado al pago, no ha ingresado la pensión por voluntad propia, no por necesidad, lo que determina la existencia del delito.

     Una sentencia condenatoria en estos casos, además de conllevar la pena de prisión o multa (normalmente se impone pena de multa), va acompañada de la condena a abonar las cantidades adeudadas.

     Normalmente, es más prudente que la parte acreedora de las pensiones, antes de acudir a la vía penal, haya acudido a la vía civil. Estamos indicando que debería haber instado la demanda ejecutiva en el Juzgado de Familia correspondiente, evitando así acudir a la vía penal que se considera “residual”, más restrictiva.

     Entendemos que, cuando se acude a la vía penal, debe ser porque se puede demostrar que el obligado al pago está utilizando maliciosamente “argucias” para ocultar sus verdaderos ingresos, y así no pagar la pensión a la que viene obligado por Sentencia.

3.- ¿Qué debo hacer si mi economía se ha visto afectada por el Estado de Alarma y no puedo pagar la pensión?

             Debemos intentar hablar con el otro progenitor acreedor de la pensión para tratar de llegar a un acuerdo, acuerdo que debe documentarse de alguna manera y que puede ser  transitorio, hasta que se resuelva la situación de paralización del país. 

     1.-Cuando estamos ante una custodia de un progenitor:

     Puede haber padres o madres no custodios que, como consecuencia de la crisis, terminen en muy mala situación económica. Para esos casos es recomendable poder hablar con el otro progenitor que está viviendo con el menor (el progenitor custodio) para intentar llegar a un acuerdo. Se ha de buscar siempre un EQUILIBRIO DE POSICIONES entre la situación del padre o madre no custodio y la situación del padre o madre que tiene que dar de comer y cubrir la mayoría de las necesidades del HIJO COMÚN.

     2.- En casos de custodia compartida, como consecuencia del Estado de Alarma, se puede producir una situación de desequilibrio importante entre una madre y un padre con custodia compartida, y en esos casos sería recomendable un acuerdo entre los progenitores, de forma que el hijo común pueda vivir con dignidad en las dos casas donde habita, buscando siempre su bienestar.

     En todo caso, se puede presentar una DEMANDA DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS ante el Juzgado que dictó la Sentencia de Divorcio o Separación o de Guarda y custodia. Sin embargo, debido al Estado de Alarma, estas demandas no se pueden registrar, ya que solo se autoriza la presentación del expediente de jurisdicción voluntaria del artículo 158 del Código Civil para situaciones de extrema necesidad y protección del menor.

4.- ¿Qué requisitos se exigen para que prospere la DEMANDA DE MODIFICACIÓN DE MEDIDAS? 

  1. Que la variación resulte realmente trascendente.  

     Se exige que la variación sea sustancial, considerando que, en el estado actual en que nos encontramos, dicha circunstancia no será difícil de demostrar, pues la variación es realmente sustancial o trascendente. Debe justificarse que la situación económica del deudor de la pensión es realmente mucho peor a la que tenía antes del Estado de Alarma.

     Debe demostrarse mediante la presentación de nóminas con menores ingresos, o presentación de un ERTE en la empresa y pasar al Paro, o de haber sido su negocio cerrado por ser actividad no necesaria, por haber perdido el empresario autónomo la cota de mercado como consecuencia de la prohibición de circulación, etc.

  1. Que tenga un carácter duradero, no meramente transitorio. 

     Este requisito será más difícil de mantener por ser esta situación de crisis “supuestamente” transitoria. Este requisito se cumple en casos en los que el trabajador pase a estar en situación de desempleo, o desciendan su nómina de forma duradera. En el caso de empresarios autónomos, serían supuesto en que la empresa sea cerrada, o desciendan de forma importante los beneficios del negocio, también de forma duradera en el tiempo.

  1. Que no sea imputable a la voluntad de la parte que insta la modificación, ni preconstituida con finalidad de fraude.

     Es difícil creer que la nueva situación que pueda tener el obligado al pago, lo sea de forma fraudulenta, dado lo imprevisible que ha sido para todos lo que está ocurriendo en nuestro país.

     No obstante, si se puede acreditar en el Juzgado de familia que, la insolvencia del acreedor es ficticia y está causada de forma fraudulenta, éste no concedería la minoración de la pensión.

  1. Que la situación sea posterior a la resolución que estableció las Medidas, sin que existiera en dicha resolución previsión alguna al respecto.

     En este sentido, también es evidente que era imposible que esta situación en la que nos encontramos pudiera ser previsible por nadie, y menos aún por un Juez en una Sentencia.

     Por lo tanto, si una vez haya finalizado la situación de confinamiento actual, la merma de ingresos continúa y se cumple con los requisitos indicados, se puede solicitar la disminución de la pensión mediante una demanda de Modificación de Medidas.

Artículo por:

Mª Jesús Viña Hernández

Abogada Directora en Abogados y Consultores